Ética antiminera

La protesta de los izquierdistas porque Santillana les atribuyera una convicción compartida de impedir el desarrollo de la industria minera, resultó tan patética y falsa como la negativa de la vieja derecha pradista, cuando se le increpaba su servilismo mercantilista a la banca privada.

La legítima pretensión de cuidar el medio ambiente y los recursos naturales de los que depende la agricultura han sido secuestrados por grupos organizados y bien financiados de marxistas radicales, que hace una década estaban ocupados con el activismo en derechos humanos y organizando eventos para el fortalecimiento de la democracia. En realidad no pudieron elegir, son las ONG norteamericanas y europeas las que descartaron seguir destinando ese tipo de ayuda al Perú, pues consideraban con razón que el sistema político se había consolidado, apostando más bien, al deseo egoísta de preservar el denominado Bosque Amazónico, para que sirva de equilibrio a las ciudades e industrias del mundo desarrollado.

Una intensa propaganda internacional ha obtenido enormes fondos del ciudadano común londinense o berlinés, no en favor de los niños desnutridos que sufren las inclemencias y enfermedades del ande o de la selva tropical, sino en procura de frenar cualquier proyecto extractivo en América pobre claro,  de ninguna manera en Canadá, donde la minería y el petróleo conviven en paz manteniendo estándares internacionales de protección ambiental, como lo reclamara el Tribunal Constitucional en la sentencia del Caso Conga.

El dirigente antiminero está asesorado por quienes deben informar de resultados específicos, no en beneficio de las comunidades que pueden compartir los beneficios económicos del proyecto, sino del éxito de su labor obstruccionista. No importa entonces que peritos internacionales demuestren que las lagunas no son cabecera de cuenca, o que la empresa se comprometa a usar exclusivamente agua de mar extrayéndola, tratándola y luego depositándola nuevamente en la playa.

Cabe recordar que casi la mitad de la ganancia en la industria extractiva, queda para el Estado peruano, para el Bien Común y para aliviar las necesidades de los ciudadanos más pobres. Eso no importa a quienes siguen recaudando dinero del extranjero.   La izquierda ha tratado de superar esa grave contradicción pretendiendo ofrecer un ridículo modelo de desarrollo a través de la economía agraria y el turismo vivencial, ajeno a la realidad del mundo y al sentido común.     

Para quienes aún guardan dudas sobre el  contenido ético de las bien orquestadas protestas antimineras, les puede bastar observar la agonía de las reservas naturales en Madre de Dios. La ausencia de grandes proyectos de extracción legal de recursos, hace que los radicales antimineros permanezcan indiferentes ante la actividad informal. Allí no hay financiamiento.