Libertad de sufragio y asistencialismo estatal

Es posible que para usted, amigo lector, la política no signifique en este momento un asunto de vital interés, su supervivencia está garantizada, mal o bien, por su esfuerzo cotidiano, por su trabajo en una oficina o comercio, porque sus estudios le dieron la posibilidad de adquirir habilidades y competencias que tienen un cierto valor en el mercado: le pagan por realizar algunas actividades y ello le permite ir desarrollando un determinado proyecto de vida. 

Si en 2016 gana la presidencia Alan, Keiko, Urresti o Peluchín, a usted no le afectaría demasiado, salvo por las simpatías o antipatías que le puedan suscitar dichos personajes. Pero podría ya haber dos o tres millones de peruanos a quienes las elecciones resultan cruciales para merecer su inclusión o mantener el goce de alguno de los programas sociales que el Estado implementa, con distinto nivel de efectividad, para paliar la pobreza y las consecuencias de una educación pública que no enseña  habilidades ni competencias necesarias para garantizar una vida digna.

El llamado socialismo del siglo XXI aprovecha esta situación, y lanza a sociedades en  crisis provocadas por el desconocimiento de las reglas de mercado y por la ausencia de nuevas inversiones, un conjunto de programas sociales financiados con los recursos que deberían ser empleados en la construcción del futuro. Lo mismo que si al interior de una familia, se empleara en gasto corriente un préstamo hipotecario y  un par de tarjetas de crédito.

A más pobreza y parálisis económica, más dependencia de la gente al asistencialismo del Estado, conquistado y desnaturalizado por un gobierno. Así, de dos millones de personas,  habituales receptoras de ayuda, se puede pasar como en Venezuela a una masa de seis millones de votantes severamente condicionados por la necesidad de preservar a sus gobernantes aunque, en el fondo, sepan que son los culpables de su propia situación de miseria.

Ante esa amenaza cierta no puede discutirse la libertad de sufragio para la elección de representantes políticos. La ilusión de empoderar al ciudadano puede fácilmente convertirse en el yugo para una sociedad libre y democrática, pues la voluntad popular puede verse atrapada por el asistencialismo estatal dirigido a la concentración del poder en manos de un partido político predominante y en la supresión de la competitividad pluralista, que sustenta precisamente el concepto de democracia.

Cabe llamar a reflexión tanto al politólogo como al abogado, quienes aplican recetas justificadas y exitosas en otras realidades a escenarios complejos donde juegan factores distintos, en contextos signados por la falta de cultura política.  Al mismo tiempo, estemos atentos a la delgada línea que delimita la creación de programas sociales que promueven la inclusión de los marginados en función a una renovada capacidad de ofertar bienes y servicios con valor en el mercado, con la tentación absolutista de manipular las elecciones con el uso del dinero público para perpetuarse en el poder.