La Cuestión de Confianza en clave electoral

El juego democrático entre la negativa de confianza al gabinete y la disolución parlamentaria obedece a la lógica de la forma de gobierno parlamentarista, propia de la Europa desarrollada, pero supone la solidez del sistema de partidos, pues los diputados de la cámara disuelta deben sentirse respaldados por su partido político, que los ha de volver a presentar como candidatos en su correspondiente distrito electoral.
La amenaza de hacer cuestión de confianza del otorgamiento de facultades para que el gobierno emita decretos legislativos en materia económica y de seguridad, está directamente ligada a la severa crisis de la representación política de nuestro Congreso: posiblemente la mayoría de los actuales congresistas que no están directamente vinculados al oficialismo, no tendría ninguna seguridad de encontrar lugar en alguna lista en las elecciones que tendrían que realizarse dentro del plazo de cuatro meses, a partir de la disolución y, aunque les garanticen un número, nadie puede predecir cuántas vacantes obtendrá la lista desprovista de la locomotora de una candidatura presidencial, y mucho menos si el congresista que votó por la disolución podrá obtener la suficiente cantidad de votos preferenciales para hacerse de una de esas vacantes.
De no mediar una profunda reforma política y electoral, el arma que casi de casualidad ha encontrado el gobierno puede ser de gran utilidad, será difícil que la mayoría vote en contra de la delegación de facultades, pero como ya lo advertía Maquiavelo, el miedo  puede volverse en contra de los que lo provocan, suscitando que el cobarde se comporte valientemente. ¿Realmente valen la pena esos decretos legislativos para mejorar la proyección de voto para el partido oficialista el 2016?
 La negativa al voto de investidura a Ana Jara comprometió al gabinete y por tanto ya ocurrió una primera negativa de confianza. Los  artículos 132 y 133 de la Constitución son muy claros, la censura y el no otorgamiento de confianza al Presidente del Consejo de Ministros arrastran a la totalidad del gabinete provocando su renuncia, no existe excepción.
Si bien es cierto que es legítimo que parte del gobierno alerte de la posibilidad de hacer uso de un recurso perfectamente constitucional.  el costo en estabilidad política y económica será mayor que el beneficio partidario. Es posible que no exista una verdadera intención de utilizar la disolución, salvo que se haya calculado obtener un pésimo resultado a fines de agosto, a cambio de ir de inmediato a la campaña presidencial con la imagen de un gobierno boicoteado por un Congreso agresivo y obstruccionista, y así tentar un buen resultado final. Una de las pocas reglas que la política peruana mantiene inalterable es que el pueblo no vota al mismo partido y en el mismo sentido dos veces consecutivas. 

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