Nuestra sentencia sobre la píldora del día siguiente
"El
Comercio" (10.11.2009)
El Tribunal Constitucional
(TC) no escoge las materias de sus sentencias, está obligado a pronunciarse
cuando es requerido por las partes. Cuando resuelve sobre un tema controvertido
sabe que no puede ni debe esperar satisfacer a las mayorías: luego de debatir
intensamente logra un consenso en torno a las sucesivas modificaciones al
proyecto originalmente propuesto por el ponente o al voto singular elaborado por
otro magistrado. Quedan en el proceso sucesivos y distintos textos que nunca
llegaron a convertirse en resolución, pues sentencia es solo la que se publica.
Una acción de
inconstitucionalidad hubiera posibilitado un pronunciamiento sobre la
pertinencia del uso de la denominada píldora de día siguiente, pero lo que ha
resuelto el TC es un amparo cuyo principal pedido era prohibir la distribución
gratuita de la también llamada AOE por el Estado.
El proyecto originalmente elaborado por el
ponente seguía la línea de una anterior sentencia recaída en una acción de
cumplimiento, cuya finalidad es precisamente ordenar el acatamiento de la norma
legal vigente, la misma que, sin desarrollar la controversia de fondo, recogía
la posición de la Organización Mundial de la Salud a favor de la AOE por
considerar que no tiene un efecto abortivo. Tiene razón a su modo, pues, la OMS
parte de la premisa que la vida comienza con la anidación del óvulo fecundado
en la pared del útero, teoría de la anidación, por lo que el famoso tercer
efecto de la AOE no implicaría la supresión del desarrollo de una vida humana.
Allí precisamente está el problema, ya que no ha
sido categóricamente probado que exista ese tercer efecto, el que impide la
adhesión al útero, pero se encuentra en la posología a modo de advertencia en
el producto que se vende en países desarrollados. Aquí simplemente se ha
suprimido cualquier advertencia, en vista de que en nuestro país el derecho del
consumidor aún está en pañales.
Las personas son libres de elegir lo que compran
y usan, pero deben ser correcta y suficientemente informadas de todas las
posibles consecuencias de su decisión. El Ministerio de Salud no había
trabajado en ello y es su responsabilidad. La mujer, como cualquier persona,
tiene el derecho de determinar su proyecto de vida y de disponer su cuerpo sin
intervención del Estado, pero como todo derecho o libertad encuentra su límite
en el derecho o libertad de otro ser humano y en el mismo ordenamiento
constitucional.
La teoría de la fecundación, de amplia difusión
en nuestra sociedad, considera que la vida empieza cuando el espermatozoide
fecunda al óvulo, iniciándose con ello el intercambio de información genética
en procura de la construcción de un nuevo modelo humano. La sola posibilidad de
que se produzca el tercer efecto de la ingesta de la AOE sería abortivo. Sin
adherirse expresamente a esta teoría, el TC toma nota de la norma
constitucional que determina que el concebido es sujeto de derecho en todo
cuanto le favorece, sin mencionar que el Código Civil sí expresa directamente
que la vida humana comienza con la concepción.
Respetuoso de las dos posiciones teóricas, el TC
encuentra que frente a la posibilidad, no probada, de que la AOE esté
produciendo abortos en algunas de las personas que la consumen sin mayor
información, ha optado por declarar fundado el pedido del accionante. El Estado
tiene una mayor responsabilidad, mucho más grave que la de cualquier particular
por el cumplimiento de las normas constitucionales y el respeto del derecho a la
vida. Es lógico entonces que se abstenga de participar tan activamente en
repartir la AOE, más aun cuando las mismas autoridades de Salud declaran haber
gastado casi doce millones de soles solo en el 2008 comprando a los
laboratorios la AOE para distribuirla indiscriminadamente como si fuese un
anticonceptivo simple.
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